Desde el 18 de septiembre de 2026 rige la nueva regla de carga pública de USCIS, que deroga la regulación de 2022 y amplía lo que el gobierno puede evaluar antes de otorgar una green card. Para quienes buscan la residencia a través de una EB-1A o una EB-2 NIW, la pregunta es directa: ¿cambia esto sus posibilidades? La respuesta es que el impacto es mucho más limitado de lo que sugieren los titulares.
¿A quién aplica la nueva regla de carga pública?
La regla aplica únicamente a quienes solicitan un ajuste de estatus (Formulario I-485) desde dentro de Estados Unidos. En el contexto de EB-1 y EB-2, eso significa que el análisis de carga pública no forma parte de la evaluación de la petición I-140. Solo entra en juego después, cuando la persona ya cuenta con una petición aprobada (o presentada de forma concurrente), se encuentra en Estados Unidos y solicita su residencia permanente sin salir del país.
Los principales cambios que introduce la regla
Los oficiales siguen evaluando los cinco factores que exige la ley (edad, salud, situación familiar, situación financiera y educación y habilidades), pero ahora pueden considerar cualquier beneficio público basado en necesidad económica recibido a partir del 18 de septiembre de 2026, como cupones de alimentos, ayudas de vivienda o asistencia financiera universitaria; para beneficios anteriores a esa fecha solo cuentan la asistencia en efectivo y la institucionalización a largo plazo. La decisión se toma caso por caso y, si la carga pública es el único obstáculo, USCIS puede invitar al solicitante a depositar una fianza (Formulario I-945) para aprobar el ajuste.
Primera etapa: la petición I-140 no cambia
Los criterios sustantivos para aprobar una petición EB-1A (habilidad extraordinaria) o EB-2 NIW (exención por interés nacional) no han sido modificados por la administración actual. La petición I-140 se sigue evaluando exclusivamente sobre la base de la evidencia presentada, del cumplimiento de los requisitos legales de cada categoría y de la discreción del oficial que adjudica el caso. La regla de carga pública no forma parte de ese análisis.
Vale la pena detenerse en un punto: tanto el "interés nacional" que exige el marco de Matter of Dhanasar como el "reconocimiento sostenido" (sustained acclaim) que se requiere en la EB-1A son conceptos con un grado considerable de subjetividad. La ley no los define con precisión matemática. En la práctica, es la preparación estratégica del caso, la selección de la evidencia y la solidez de los argumentos lo que termina dándole contenido a esos conceptos frente al oficial. Un expediente bien construido no solo cumple los requisitos; los explica y los hace evidentes.
Segunda etapa: el ajuste de estatus
Es aquí, y no antes, donde la regla de carga pública cobra relevancia. Un detalle práctico: en la mayoría de las autopeticiones EB-1A y EB-2 NIW no se requiere el Formulario I-864, ya que este solo aplica cuando un familiar es el empleador peticionario o tiene una participación significativa en la empresa. Por eso, el análisis descansará principalmente en el perfil propio del solicitante: su educación, ingresos, activos, salud e historial.
¿Y quiénes hacen proceso consular?
La guía de USCIS no rige los procesos consulares, que están a cargo del Departamento de Estado. Sin embargo, esto no significa que quienes tramitan su visa de inmigrante en un consulado estén libres de un análisis de carga pública. La ley exige ese análisis para toda visa de inmigrante, y el Departamento de Estado aplica sus propios criterios. De hecho, la política de visas de inmigrante para ciertos países siguió a una guía ampliada de carga pública enviada a los oficiales consulares en noviembre de 2025, que amplió los factores de salud, financieros y personales considerados. Quien planee un proceso consular debe evaluar su caso a la luz de esas normas y de las restricciones vigentes para su nacionalidad.
La propia naturaleza de EB-1 y EB-2 juega a tu favor
Hay un elemento que suele pasar desapercibido. Las categorías EB-1A y EB-2 NIW, por su diseño, ya abordan en buena medida los mismos factores que examina la regla de carga pública. Para calificar, el solicitante debe demostrar educación avanzada o habilidad excepcional, logros verificables en su campo y, en el caso de la NIW, un plan concreto y viable para su trabajo futuro en Estados Unidos.
Dicho de otra forma: el mismo expediente que prueba que alguien está bien posicionado para avanzar su propuesta de trabajo también ayuda a demostrar que es autosuficiente. A mayor nivel educativo, más logros documentados y planes más sólidos, menor es la probabilidad de que un oficial cuestione la capacidad del solicitante para sostenerse económicamente en un ajuste de estatus. Eso no elimina el análisis, pero sí coloca a estos solicitantes en una posición considerablemente más favorable que la de otras categorías.
Aun así, conviene revisar con anticipación el uso de beneficios públicos del solicitante y de su núcleo familiar a partir del 18 de septiembre de 2026, así como preparar evidencia financiera sólida para la etapa de ajuste.
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